CLAVES PARA LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA EN VENEZUELA

NERIO ENRIQUE ROMERO |  EL UNIVERSAL, versión digital
Caracas, Sábado 29 de enero de 2011  04:40 PM

 

Creo necesario comenzar afirmando que es preferible tener las universidades autónomas de hoy, aun con sus deficiencias, que unas universidades sometidas al criterio político de este o cualquier otro gobierno. Lo cual no es excusa para desconocer que padecen desviaciones y deficiencias que no hemos sabido, podido y (a veces) querido superar. Ellas, si bien prestan un importante servicio al país, más transparente, eficiente y eficaz que el de la mayoría de organismos públicos, están muy lejos de tener un funcionamiento y rendimiento óptimos. ¿Qué cambiar?:

Dentro del torrente de ideas que están surgiendo del debate en las universidades y la opinión pública, es necesario enfocarnos en las limitaciones y deficiencias de los procesos centrales de la actividad universitaria, y presentar alternativas. Creo que los problemas claves están en dos áreas: 1) La gerencia (administración y financiamiento) de la actividad académica; y 2) Los procesos de promoción, evaluación y disciplina académica, especialmente aquellos que atañen al profesorado, distorsionados y debilitados por lo que el profesor Américo Gollo denomina el “democratismo”. Esta vez nos referiremos a la primera de ellas:

Hoy, la actividad académica comprende tres funciones: docencia, investigación y extensión (más o menos lo mismo que: formación integral, creación intelectual e interacción con la comunidad, en términos de la LEU afortunadamente vetada). Estas funciones están mayormente bajo la responsabilidad del personal docente y de investigación (profesores). Ahora bien, según la ley vigente, todo profesor debe realizar las tres funciones, y todos sabemos que eso no se cumple, o se cumple a medias. Personalmente, creo que es imposible que se cumpla. ¿Por qué?:

Primero, porque no todos los profesores tienen genuino interés en dedicarse a la investigación, o participar en actividades de extensión (ni es esperable que lo tengan). Muchos querrían circunscribir su actividad académica a la función docente, y compartir su tiempo con otras actividades en instituciones públicas o privadas, o en ejercicio libre de su profesión. Si bien puede exigirse a un docente la obligación de estudiar y actualizarse, no se le puede obligar a investigar. En segundo lugar, porque no hay siempre proyectos de investigación y extensión debidamente organizados y financiados en los que tengan cabida todos los profesores. Y en tercer lugar, por las bajas remuneraciones: ¿es razonable esperar que un profesor joven a tiempo completo, por ejemplo en la categoría de agregado, dedique 35 horas semanales (entre docencia, y actividades de investigación y extensión pertinentes y significativas) teniendo un sueldo mensual de Bs. 2.500? Es muy probable que se cumpla a cabalidad el tiempo asignado a la docencia, porque siempre habrá estudiantes que atender, pero participar en investigación y extensión son procesos más complejos que dependen más de su motivación personal y los estímulos que reciba. El resultado es la criticada situación en la cual hay profesores que no cumplen a cabalidad las horas contratadas para estas dos últimas funciones. Lo cual en la práctica es una manera poco honorable de compensar los bajos sueldos, y afecta el clima organizacional: ¿es justo que un profesor que dedica por entero las 35 horas (o más) a las tres funciones tenga el mismo sueldo que quien se limita a sus horas de docencia?

La solución a este problema requiere financiar y administrar de manera diferenciada las tres funciones. Aceptar que muchos de los profesores se dediquen solo a la docencia, donde casi siempre harán falta; eso podría requerir reducciones en el tiempo de dedicación, lo cual debe compensarse con una remuneración por hora más justa. Y contratar horas de investigación y extensión sólo cuando existan proyectos con financiamiento disponible que lo requieran. Los fondos para investigación pueden provenir del Estado y el sector privado (obligados a ello por el artículo 110 constitucional), de empresas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en desarrollos científico-tecnológicos específicos, así como de gobiernos estadales y municipales, fundaciones, etc. Buscar esos fondos mediante proyectos de calidad se convertiría en una motivación vital para los universitarios. Una dinámica similar puede financiar la extensión. Soluciones como ésta encenderían el motor que necesita la universidad para involucrarse más en la economía real y la vida social, aumentar su rendimiento y remunerar mejor a sus profesores, empleados y obreros, de acuerdo a su productividad. Proveerían un incentivo natural para su interacción constante con el Estado y la sociedad en general, a partir de necesidades e intereses compartidos, y con respeto por su autonomía.

El próximo artículo se dedicará a la segunda gran clave de transformación: liberar los procesos de promoción, evaluación y disciplina académica de las amarras del “democratismo”.

Médico y profesor universitario

romeronerio@hotmail.com

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Acerca de derechodepalabra

Nerio Enrique Romero González: Médico de familia y profesor universitario. Aficionado al estudio de la historia, incursionando en ese campo, investigando y publicando
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