LA LEY UNIVERSITARIA SEGÚN EL ARTÍCULO 109

NERIO ENRIQUE ROMERO |  EL UNIVERSAL, versión digital
Caracas, Sábado 22 de enero de 2011  11:19 AM

Dos eminentes profesores universitarios, el zuliano Américo Gollo y el capitalino Gustavo Linares Benzo, han escrito en estos días cuestionando con valiosos argumentos la utilidad de una nueva ley de universidades y alertando sobre los peligros que acechan a estas instituciones, derivados del superficial análisis que algunos grupos políticos y sectores universitarios hacen de su problemática, análisis orientados por lo que el profesor Gollo denomina como el “democratismo” y el “pedagogicismo”. Según el primero, uno de los principales problemas de la universidad autónoma es que la elección de sus autoridades no se rige por el criterio de “una persona, un voto”, como si se tratase de la elección de un alcalde, diputado, gobernador o presidente; si rigiese ese principio, el voto de los profesores tendría un peso inferior al 10% en dichas elecciones. ¿Resolvería eso algún problema?: creemos que en verdad eso empeoraría varios problemas ya existentes. Y el pedagogicismo, expresa el profesor Gollo, reduce la finalidad de la universidad a alcanzar la profesionalización masiva de personas. Yo coincido con los profesores mencionados en la idea de que estas dos orientaciones, el “democratismo” y el “pedagogicismo”, son pésimos puntos de partida para la producción de una nueva ley de universidades.

Por otra parte, existen corrientes partidarias del actual Gobierno convencidas de que la meta debe ser alinear a las universidades como instrumentos de su objetivo político: la construcción del socialismo. Al pretender ese despropósito, y consagrarlo en la ley que sancionaron en diciembre pasado, en buena hora vetada por el propio Gobierno, reniegan del pluralismo político que consagra la Constitución, y que abrazaban y defendían dentro de la universidad cuando aún no eran gobierno; e incurren en la pretensión de imponer a la comunidad universitaria un “pensamiento único”, pretensión ésta que en los años 70 y 80 achacaban a los gobiernos de entonces muchos de los ideólogos de cierta izquierda que ahora se ha incrustado en el poder de la mano de los militares. En este ambiente, los argumentos para la defensa de la universidad autónoma y de su futuro pasan por apegarse muy estrictamente a lo que la Constitución Nacional de 1999 establece muy expresamente respecto a la universidad:

En su artículo 109, la carta magna faculta claramente a las universidades autónomas para darse sus propias normas de gobierno y funcionamiento, y para la administración de su patrimonio, por una parte; y para planificar, organizar, elaborar, y actualizar sus programas de investigación, docencia y extensión. Y el mismo artículo establece que todo ello debe hacerse bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. De acuerdo a esto, solo funciones de control y vigilancia podrían ser expresamente atribuidas a otros entes, según se establezca en la ley. Haría falta la voluntad de distorsionar seriamente la interpretación de este artículo 109 para pretender imponer mediante la ley otras normativas a las universidades autónomas. Pero va más allá el artículo 109, al ordenar que las universidades nacionales experimentales también alcancen su autonomía de conformidad con la ley; y aquí deja la carta magna el espacio para establecer normativas legales, pero orientadas a garantizar también la autonomía a esas universidades que aún están privadas de ella. No debería aceptarse ninguna nueva ley que contradiga estas claras disposiciones constitucionales.

Podría argumentarse que el Gobierno, por estar obligado por la Constitución a garantizar los recursos para que la educación universitaria de pregrado sea gratuita en las universidades públicas, debería tener amplias facultades dentro de los gobiernos universitarios. Algo así como decir que quien pone la plata es quien manda. Apoyados en el artículo 109 decimos que esta afirmación constituye una falacia, similar posiblemente a decir que el Ejecutivo nacional debería dirigir el Tribunal Supremo de Justicia, o la Fiscalía General de la República (que de acuerdo a la Constitución deben ser autónomos), partiendo también en este caso de la obligación que tiene de proveer los fondos para el funcionamiento de esas instituciones. Por otra parte, el artículo 110 de la Constitución ordena al Estado crear un sistema nacional de ciencia y tecnología, y de proveer los recursos para su funcionamiento, contando también con los aportes del sector privado; y ordena regular dicho sistema mediante la ley. Es obvio que siendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología una función básica de las universidades, allí tienen el Estado y el sector privado una gran oportunidad para cooperar y lograr acuerdos con ellas, pero debería entenderse que dentro del respeto a su autonomía que consagra el artículo 109.

Como miembro de la comunidad universitaria he sido un constante crítico de algunas desviaciones que ésta padece, y de las deficiencias que no hemos sabido superar. Aun así, creo no exagerar al decir que entre las instituciones públicas venezolanas, las universidades autónomas se cuentan entre las que mejor funcionan si consideramos el servicio que ofrecen y el producto educativo que entregan a la comunidad nacional. Y que es sin duda preferible tener las universidades autónomas que tenemos, aun con sus deficiencias actuales, que unas universidades sometidas y mediatizadas por el criterio político de este o cualquier otro gobierno. En artículos sucesivos compartiremos con nuestros lectores las ideas que a nuestro juicio son las claves de una verdadera transformación universitaria.

Médico y Profesor Universitario
romeronerio@hotmail.com

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Acerca de derechodepalabra

Nerio Enrique Romero González: Médico de familia y profesor universitario. Aficionado al estudio de la historia, incursionando en ese campo, investigando y publicando
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